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No son de los obispos, ¡son del pueblo!

Desde hace varios años se está tratando de generar una falsa polémica acerca de la propiedad de determinados templos que, aparte de estar dedicados al culto, poseen un gran valor artístico e histórico y, por ello, generan múltiples ingresos. Se discute su propiedad por considerarse que pertenecen “al pueblo” –lo que ha de ser traducido en este caso por “instituciones públicas”– y por entender que se ha accedido a ella por medios contrarios a Derecho. La polémica no sólo es falsa, sino que, además, resulta artificial. Basta con leer los argumentos que se exponen en los informes de supuestos expertos para darse cuenta de ello. La inmatriculación es un acto formal consistente en incorporar al Registro de la Propiedad un bien que se posee legítimamente. La inscripción en el mismo se produce una vez acreditada la propiedad mediante justo título; dicho sencillamente, tal inscripción no atribuye la propiedad de un bien, sino que simplemente da fe pública de esta. A través de una Ley de 1998, partiendo de una situación de facto –la existencia de múltiples bienes que estaban sin inscribir porque la posesión continuada de los mismos durante siglos lo hacía innecesario– se abrió la posibilidad de inmatricular aquellos de propiedad de la Iglesia mediante la presentación de un certificado del Obispo titular de la Diócesis. Esta posibilidad se cerró, con una nueva reforma normativa, en el año 2014, por entender que ya había existido tiempo suficiente para culminar la regularización registral de tales bienes. Durante esos años se han inscrito en los correspondientes Registros de la Propiedad Iglesias, Ermitas, Catedrales, casas sacerdotales o salones parroquiales, es decir, edificios destinados a celebrar y vivir la fe por parte de los fieles. Es más que evidente que todos ellos no se conservarían en nuestros días de no haber sido por estar destinados a uso celebrativo y por ser propiedad de “la Iglesia” (Parroquias, Diócesis, congregaciones religiosas). Piénsese sencillamente en el hecho de que la mayor parte de los bienes que fueron objeto de alguna de las desamortizaciones llevadas a cabo en el siglo XIX o bien han desaparecido como consecuencia de su abandono o bien han pasado a manos privadas y, por ello, no pueden ser objeto de uso público. La propuesta de reclamar la propiedad de edificios de incalculable valor que generan importantes beneficios –aquellos que carecen del mismo no son objeto de reivindicación pública– esconde claramente una desamortización encubierta que cercena el derecho de propiedad reconocido en el art. 33 de la Constitución Española y, sobre todo, la libertad religiosa del 16. Pero hay más. Son edificios heredados de nuestros antepasados que, durante siglos, han servido permanentemente a la finalidad para la que fueron construidos: dar culto a Dios. No podemos perder de vista esta perspectiva. Por ello se han conservado y por eso son tan bellos. Privarles de tal finalidad sería privarles de su esencia y sólo su pertenencia a la Iglesia la garantiza. Junto con ello, no puede olvidarse el hecho de que los beneficios que generan los que poseen más valor no van al bolsillo de los Obispos ni de los miembros de los respectivos cabildos, sino que se destinan a su conservación, a proyectos de caridad o a iniciativas culturales de las que todos nos beneficiamos. Quienes han generado la polémica sólo tienen razón en un extremo. Estos bienes no son (sólo) de los Obispos, sino que pertenecen al pueblo; pero no a cualquier pueblo, sino al Pueblo de Dios. ¿De verdad estaríamos dispuestos a que la Catedral de Córdoba o la de Toledo pasen a ser gestionadas por nuestros políticos?    

GRUPO AREÓPAGO

 

Última hora: La Iglesia renuncia a la enseñanza concertada

“Toledo, 10/09/2018 (Agencias).- El curso escolar en Castilla-La Mancha se estrena hoy con el sorprendente comunicado conjunto hecho ayer por los obispos de la Provincia Eclesiástica de Toledo (que comprende las cinco diócesis castellano-manchegas) y Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha (FERE-CECA y EyG) anunciando la renuncia de todos los centros educativos católicos a sus respectivos conciertos educativos para el curso 2019/2020”. El comunicado conjunto hace hincapié en el “ninguneo hacia los padres y alumnos con creencias católicas”, así como “la flagrante y continua vulneración de derechos” que, según los obispos y los representantes de los centros, “ha llegado a lo inadmisible”. Por otra parte, el texto pone de manifiesto que “en las actuales condiciones no resulta posible en la educación concertada el desarrollo de la labor propia de la Iglesia Católica, que no es otra que la de anunciar a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida”. Preguntados los obispos por la posibilidad de que pudieran resultar embargados los centros educativos, e incluso otras propiedades de la Iglesia, para cubrir las eventuales responsabilidades económicas derivadas de los despidos del profesorado, el portavoz episcopal ha señalado que “se ha creado un cuerpo jurídico que estudiará las posibilidades legales para exigir que las responsabilidades sean asumidas por el Estado” si bien “tampoco sería un problema que, como resultado de esta decisión, tuviéramos en Castilla- La Mancha ‘una Iglesia pobre para los pobres’, como viene demandando el papa Francisco”. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha declinado hacer declaraciones, limitándose a publicar un tuit afirmando que cree en la enseñanza pública, pero no a costa de la concertada. Sin embargo, fuentes cercanas al consejero de Educación, Cultura y Deportes sí han mostrado una gran preocupación respecto a los problemas que este hecho pudiera representar para el desarrollo del proceso de admisión del alumnado que comenzará en febrero de 2019, ya que podría suponer tener que gestionar en torno a 54.000 solicitudes de admisión más (según una primera aproximación), lo que podría representar un incremento de solicitudes cercano al 55% en toda Castilla-La Mancha. El problema podría ser aún mayor en las grandes ciudades, con una mayor concentración de centros católicos hasta ahora concertados. En concreto en Toledo,  se estima que el sistema público podría directamente colapsar. El ofrecimiento de negociaciones por parte del consejero de Educación, Cultura y Deportes ha sido aceptado por los obispos, condicionado a que se blinde el respeto a los derechos de padres y alumnos a elegir una educación conforme a sus convicciones y el respeto a la libertad de la Iglesia para enseñar de acuerdo a dichas convicciones. Desde el Gobierno de España no se han hecho declaraciones oficiales. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Educación consultadas ayer por este periódico expresaron su temor hacia un posible contagio de esta iniciativa a otras diócesis y Comunidades Autónomas. La vicepresidenta del Gobierno, por su parte, ha criticado duramente en una entrevista la frase del comunicado episcopal “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hech. 5,29)”, considerándola machista y gravemente insultante, ya que, a su juicio, en España no solo mandan hombres sino también mujeres y personas de los restantes géneros, lo que, según ella, refuerza la conveniencia de impulsar su reciente propuesta de imponer en los centros católicos la utilización de una versión oficial de la Biblia traducida al lenguaje inclusivo y en clave de género. Las espadas están en alto.» Evidentemente, esta noticia no se ha producido; es pura invención. Ninguno de los hechos relatados en este artículo han sucedido ni tampoco sucederán. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

GRUPO AREÓPAGO

Firma invitada: Un juez, convertido en testigo, entre el Papa Francisco y las mujeres separadas por Don José Antonio Martínez, vicario judicial de la Archidiócesis de Toledo

Jesucristo, juez misericordioso, es el título del Motu proprio que el Papa Francisco aprobó en el año 2015 y entró en vigor en el día de la Inmaculada de ese mismo año. Jesucristo, el Buen Pastor, que guía a su rebaño con desvelo, misericordia y con amor, nos ha entregado su Espíritu Santo para que, en su nombre, también nosotros seamos espejo de su caridad pastoral, misericordiosos con los más pobres, acercándonos al sufrimiento de tantas personas, como aquel samaritano que se acercó al malherido en el camino de Jericó. Ese Espíritu Santo ha sido derramado en los Apóstoles y en sus sucesores. Especialmente está presente con su acción misteriosa en los pastores de la Iglesia y, como no, en el que hoy es sucesor de Pedro, el Papa Francisco. El lunes 26 de junio, por esos misterios que tiene la Providencia, el Papa Francisco invitó a un grupo de mujeres separadas y divorciadas, que forman parte del Grupo de Santa Teresa de Toledo, a tener un encuentro privado en su casa, en Roma. Por la relación estrecha en trabajo pastoral entre la Delegación de Familia y Vida y la Vicaría Judicial, fui invitado a acompañar a este grupo teniendo  la oportunidad de poder exponerle al Santo Padre el trabajo que estamos haciendo conjuntamente. Así fue: al tiempo que le agradecíamos al Santo Padre su amabilidad para con nosotros, su magisterio tan acertado y lleno de caridad pastoral hacia las familias, le expuse brevemente el camino que hemos recorrido estos años. Una primera parte fue mostrar el trabajo previo que algunos sacerdotes preparados específicamente para ello hacen acogiendo a las personas que solicitan iniciar el proceso de declaración  de nulidad de su matrimonio, a lo que se suma la ayuda inestimable de la Delegación de Familia, los COF´s, y grupos como éste de Santa Teresa. Después hablamos del seguimiento que hacemos durante el proceso y, por último, en concordancia con la pastoral judicial expuesta en el Magisterio pontificio, el período de acompañamiento posterior a la sentencia. Le conté al Santo Padre que, una vez declarado nulo el matrimonio, le hacíamos entrega personal de la sentencia a los cónyuges, explicándoles las razones por los que se llega a la parte dispositiva o resolución judicial; al tiempo que se les ofrecía el amplio programa de actividades pastorales que la Archidiócesis de Toledo lleva a cabo con los matrimonios y las familias, animándoles a integrarse en los grupos parroquiales familiares; y, en los casos en los que los esposos tengan impuesto  un veto y tienen intención de contraer nuevas nupcias, también les proponemos participar en un curso prematrimonial específico, acompañados por un matrimonio y un asesor psicológico que les acoge y les hace profundizar en determinados temas con miras al nuevo matrimonio. El Santo Padre se interesó mucho por ello, comentó algunas anécdotas acerca del Motu proprio, así como del proceso breve ante el Obispo, confesando que él mismo había firmado el primero en la Diócesis de Roma, de la que él es su Obispo, claro está. También comentó la necesidad de preparar ministros para el Tribunal, a lo que D. Braulio le comentó que en Toledo llevamos tres años haciendo un curso para expertos en derecho matrimonial canónico al que asisten abogados y psicólogos. Considero que este encuentro significa mucho para el rumbo que actualmente tiene y debe proseguir nuestra Vicaría Judicial. El ministerio de la justicia, que brota de la tria munera que el Obispo diocesano tiene por su consagración episcopal, no es simplemente el ejercicio y la puesta en práctica de los cánones del Código de Derecho Canónico y en la legislación posterior, sino que, del mismo Código y del espíritu del supremo legislador, brota el talante y la caridad pastoral con la que el Obispo, juez y médico, debe tratar estos asuntos –tan delicados y dolorosos la mayoría de las veces-,  así como los ministros que en su nombre ejercen la justicia en los tribunales eclesiásticos. El ministerio de la justicia no está desligado de la caridad pastoral; estamos hablando de una auténtica pastoral judicial, y así se deduce y asegura por las mismas palabras del Papa Francisco en sus comentarios durante nuestra visita. Además, el Papa Francisco, aludiendo a la Exhortación apostólica Amoris Laetitia, subrayó los cuatro principios que deben regir el trato pastoral a los  matrimonios en dificultad: acoger, acompañar, discernir e integrar. Nuestra Vicaría Judicial, a través de los sacerdotes y abogados que se han preparado para ello, ofrece este ministerio de acogida y de escucha a aquellas personas que desean poner en manos de la Iglesia su matrimonio con el fin de buscar la verdad acerca de su sacramento. Hoy podemos decir que estos sacerdotes se encuentran en las Vicarías territoriales y acogen  a todos aquellos que piden información y exponen su situación matrimonial, dedicándoles muchas las horas con detenimiento y paciencia. Al tiempo, esto está suponiendo un empeño ineludible en el acompañamiento de los que inician el proceso, especialmente a través de los letrados y peritos psicólogos, los cuales son muy conscientes de la responsabilidad eclesial que asumen cuando intervienen en el proceso de declaración de nulidad matrimonial. La etapa propiamente judicial que culmina en la sentencia -positiva o negativa-, supone un discernimiento responsable para todos los ministros del tribunal, así como una sana tensión para los que, desde la pastoral matrimonial, acompañan a los esposos, les alienta y les ofrecen los grupos en los que pueden integrar sus dificultades y sus debilidades, suponiendo un verdadero ministerio de sanación donde encuentran el rostro maternal de la Iglesia. No se me escapa que desde esta perspectiva la acción pastoral que la Vicaría Judicial puede ejercer no se circunscribe exclusivamente al ámbito procesal, sino que el horizonte se amplía a todos aquellos ámbitos eclesiales donde se pueden encontrar el dolor de la ruptura matrimonial, ofreciendo así un instrumento para llegar a la sanación y a la curación, haciendo siempre prevalecer la verdad y la justicia, atemperada con la misericordia.

Concluyendo: el campo que desde el Magisterio pontificio se nos abre en este sector particular de los matrimonios en dificultad y de la repercusión que esto tiene en el resto de la familia (hijos, padres, abuelos, hermanos, etc.), es amplísimo; la mies abundante y necesitamos obreros para trabajar en esta parcela del Pueblo de Dios. Es entusiasmante, pero duro y urgente. La recompensa: el Señor es buen pagador,… algo ya nos ha llegado: el abrazo del Papa Francisco, sus palabras, su cariño y su aliento.

  ¡¡¡Gracias, Santidad!!

Don José Antonio Martínez García

Vicario Judicial de la Archidiócesis de Toledo

Grupo Papa y Mujeres Separadas

Por monja

Queman iglesias por ser templos católicos (una capilla universitaria de la Autónoma de Madrid); pegan a una mujer en la calle por ser monja (una hermana de la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña en Granada); excluyen de los primeros puestos en las listas electorales a militantes  de partidos políticos por haber antepuesto su conciencia a la disciplina de voto (miembros del PP que votaron en contra de la última reforma de la Ley del aborto); presentan querellas contra Obispos por exponer ante sus fieles el Magisterio (los de Alcalá, Valencia o Córdoba). Todo ello se suma a planteamientos de supresión de la financiación pública de la Iglesia, de eliminación de las manifestaciones públicas de fe, de minusvaloración a quien expresa su opinión basándose en sus convicciones religiosas por considerarlo incompatible con la razón e, incluso, la inteligencia. Sería fácil, en consecuencia, centrar esta reflexión en la idea de que en España ya está pasando –o, mejor dicho, ya está volviendo a pasar–: la persecución religiosa ha dejado de ser únicamente cultural para convertirse también en personal. Sin embargo, el problema de fondo es mucho más amplio. No nos damos cuenta de que todas estas manifestaciones, que son bien vistas por quienes no simpatizan con la Iglesia católica e ignoradas con indiferencia por la gran mayoría de los ciudadanos, son un auténtico ataque a la libertad de todos. Una sociedad que desprecia, critica, persigue, se mofa e, incluso, agrede a personas por creer en Dios y tratar de vivir en coherencia con ello –o, cuando menos, que no reacciona frente a los desprecios, las críticas, las persecuciones, las mofas, las agresiones a personas concretas– es una sociedad condenada, toda ella, a la esclavitud. No hay mayor manifestación de libertad que la libertad interior. Es esto lo que está en juego: la imposición de una concreta visión del ser humano y del mundo que no acepta fisuras, críticas ni argumentos en contra. Quien discrepe, sobra. Hoy pegan a una mujer “por monja” –y muy pocos reaccionan, ni siquiera los defensores de la igualdad de género, quizás por entender que una mujer, al ser monja, pierde su condición de mujer y, por tanto, la agresión por parte de un hombre no puede ser calificada de acto de machismo ni como violencia de género–. Mañana será demasiado tarde para reaccionar si no frenamos estos ataques a la libertad.        

GRUPO AREÓPAGO

El árbol primero

Cuando se está en un bosque, normalmente se contempla el conjunto del paisaje –árboles,  pájaros y otros animales, insectos, plantas–; solo los más observadores se detienen a examinar en detalle especies particulares por su características, su belleza o sus años de vida; muy pocos son, sin embargo, los que se preguntan por el origen de ese precioso conjunto, que en algún momento surgió, por obra del Creador. Algo parecido puede pasarnos a todos los que celebramos y admiramos el Corpus toledano (la reflexión es aplicable a aquellos otros lugares en los que esta pasada semana ha tenido lugar la tradicional procesión del Corpus Christi): nos quedamos en la belleza del conjunto o, como mucho, descendemos a particulares manifestaciones de ese precioso paisaje, mezcla de arquitectura, adornos y personas que desfilan en la procesión, pero nos olvidamos del árbol primero, del Santísimo Sacramento, de Jesús Eucaristía, auténtico corazón de la procesión y causa de todo lo que hay en ella. Es curioso comprobar –en los medios de comunicación profesionales y en la redes sociales particulares– cómo el acento se pone en la presencia de alguna persona pública, en concretos adornos, en determinados colectivos que desfilan e, incluso –y sobre todo– en lo que singulariza esta manifestación religiosa: la preciosa custodia de Arfe. Pero todo ello implica dar más importancia a la forma que al fondo, al continente que el contenido, al adorno que a la persona para la que fue creado: el mismo Dios. Un Dios hecho eucaristía que, por las bellas calles de Toledo, sale al encuentro de quienes le acompañan en procesión, de quienes le observan en su custodia, de quienes le buscan en medio de sus sufrimientos, problemas y preocupaciones. Ese, el árbol primero, es el sentido del increíble bosque del Corpus Christi.  

GRUPO AREÓPAGO

112 del alma

El pasado 15 de mayo, la Diócesis de Madrid puso en marcha un Servicio de Asistencia Religiosa Urgente (SARCU), para administrar el sacramento de la unción de enfermos a quien pueda necesitarlo en horas en las que resulta difícil encontrar a un sacerdote. Se trata de una iniciativa para ofrecer ayuda y asistencia a los que se encuentran a punto de morir y necesitan apoyo y consuelo. Son muchos los medios de comunicación, sobre todo religiosos, que se han hecho eco de esta noticia, que no deja de ser novedosa, no por el hecho de administrar el sacramento de la unción de enfermos en si, sino porque se hace a través de un servicio de emergencias espiritual que funciona desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. La unción de enfermos es un sacramento de sanación o de curación, instituido por Jesucristo. Irse en paz con Dios es una necesidad sentida no solo por los cristianos practicantes; cuando estamos en peligro de muerte, por enfermedad, por accidente o por vejez, quien más o quien menos experimenta en lo más profundo de su ser una  inquietud acerca de lo que pasará una vez muerto. Precisamente por ello, aunque una persona no haya sido creyente o no haya practicado la “urgencia del alma”, cuando tal momento llega y esa inquietud se activa, la asistencia espiritual de un sacerdote se hace fundamental. En el momento más crítico, cuando la muerte está cerca, todos necesitamos el perdón de los pecados, estar en gracia y en paz con Dios; y la Iglesia, como madre, atiende las necesidades de sus hijos, poniendo a nuestra disposición un sacerdote para darnos consuelo, ayudarnos a vencer las dificultades propias que podamos tener en el último suspiro de nuestra vida, perdonar nuestros pecados y, con ello, abrirnos a la Misericordia de Dios. El 112 del alma está abierto a todos.  

GRUPO AREÓPAGO

Descenso de matrimonios, un sencillo síntoma

matrimonio El matrimonio no está de moda. Por matrimonio se entiende aquel compromiso público que dos adultos contraen entre sí para vivir unidos ayudándose hasta que la muerte los separe. Hasta ahora la sociedad civil ha reconocido en el matrimonio un grandísimo bien. Un bien para cada contrayente, para los hijos que vengan, y conformada la familia, ella misma es un bien para toda la sociedad. Pero claro está, el matrimonio no es cuestión de leyes, sino de personas. Y la convivencia es una tarea cotidiana. “Bueno” no significa “exento de problemas”. A día de hoy las parejas tienden a cambiar el matrimonio por la mera convivencia, sin compromiso formal. ¿Por qué? El compromiso de fidelidad ¿acaso es el gran problema para la convivencia? ¿O más bien es un elemento intrínseco de la misma convivencia, que una vez asumido la promueve? Una cosa es la convivencia, y otra las dificultades que surgen de la misma. Pero para que una relación vaya bien, se requiere reconocer que es un bien. Posiblemente la cultura actual haya decidido evitar los problemas prescindiendo del bien. Posiblemente el miedo al sufrimiento, al desencanto a la propia debilidad está ofuscando la mente hasta el punto de no reconocer el bien, y de decidir que no existe. Posiblemente esta mentalidad esté afectando a la política, el trabajo, las migraciones, la educación, la paz, la religión, y al mismo concepto de dignidad del ser humano. Hay quienes viven desde el bien del matrimonio. Desde él afrontan y resuelven dificultades. En lo humanamente posible les va bien. Hay parejas que se enamoran y se ilusionan con el tesoro que han encontrado, y desean ponerse manos a la obra para que les vaya bien. En este punto se encuentran contracorriente. Pero solamente el bien puede hacer que vaya bien.

Grupo Areópago

Criminalizar al que piensa diferente

pensar Está pasando. La inversión de los valores comunes que han sostenido nuestra civilización durante siglos se encuentra a punto de alcanzar su fin. Vaciados de contenidos, desprestigiadas socialmente las personas e instituciones que los sostienen, impuestos mayoritariamente otros que se consideran los adecuados para la sociedad actual, solo queda el toque final: criminalizar al que piensa diferente. Francia acaba de aprobar una norma que habilita a las autoridades públicas a cerrar webs que manifiesten, con imágenes de casos reales, su oposición al aborto, a pesar de que implica el asesinato de un niño y está probado que causa trastornos a la madre; hace apenas unos meses la Comunidad de Madrid publicó una ley que permite sancionar a quienes defienden en las aulas que nacemos hombres o mujeres y ello marca nuestra existencia, aunque la ciencia demuestra que es así; aumentan las demandas contra declaraciones de Obispos, aunque se limitan a presentar a sus fieles el Magisterio de la Iglesia fundado en la naturaleza del ser humano. Todas ellas son manifestaciones claras de un doble hecho: se ha instaurado a nivel cultural un nuevo orden moral, contrario a la realidad de las cosas y a la verdad de las personas en algunos extremos, que cuenta con instrumentos propios para ser impuesto en la práctica a quien piensa diferente. Con ello, se pierde la libertad de expresión (y de pensamiento, conciencia y religión), aun en los casos en los que no sea ejercitada contra nadie y con ello se defiendan planteamientos objetivos y perfectamente argumentables. No hay lugar para el diálogo; no existe espacio para una verdad que no sea la instaurada oficialmente. Es la nueva dictadura a la que se enfrenta nuestra sociedad occidental. ¿Seremos capaces de darnos cuenta de ello y reaccionar a tiempo?

Grupo Areópago

Rita Maestre, absuelta

La absolución de Rita Maestre por la Audiencia Provincial de Madrid ha generado reacciones de muy diversa índole en medios políticos, sociales y religiosos.

Conviene aclarar que el delito contra los sentimientos religiosos, según el Código Penal, puede integrar en realidad tres tipo penales diferentes. En los tres casos, no basta con el ánimo de ofender los sentimientos religiosos para que haya delito, sino que debe concurrir además un elemento objetivo determinado: el tipo penal del artículo 523 exige amenaza o violencia para impedir una ceremonia religiosa; el del artículo 525 requiere el escarnio; y el del 524, la ejecución de actos de profanación.

La primera sentencia ya había descartado la concurrencia de los tipos penales recogidos en los artículos 523 y 525 por no existir ninguna ceremonia religiosa que impedir o interrumpir y por tampoco existir escarnio, pero condenó por el artículo 524 a una multa de 4.320 €. Ahora, la sentencia de la Audiencia, dictada en apelación, entiende que tampoco se dio el tipo penal del artículo 524 por no existir propiamente un acto de profanación.

Para el órgano jurisdiccional, un acto de profanación relevante penalmente debe consistir en “actos físicos de claro contenido profanador en la medida en que implican un trato directo vejatorio, físicamente violento, contra algún elemento básico de la liturgia católica o de las representaciones propias de esa religión”. Sin embargo, la sentencia considera que el modo de actuar de Rita Maestre “puede ser valorado como claramente irrespetuoso”, pero sin que concurra el componente de profanación exigible para configurar el tipo delictivo.

De la lectura de la resolución podemos extraer las siguientes conclusiones:

  1. La sentencia, que es firme -salvo recurso de amparo constitucional- y de la cual se puede discrepar, realiza una interpretación concreta de qué deba entenderse por acto de profanación a efectos penales.
  2. La sentencia apunta que la conducta de la Sra. Maestre pudiera haber sido constitutiva de una falta de coacciones del anterior Código Penal (actual delito leve de coacciones del 172.3). Sin embargo, al no existir denuncia ni reclamación civil de ningún perjudicado directo (solo la acción penal del Fiscal, Centro Jurídico Tomás Moro y Alternativa Española), no es posible jurídicamente la continuación del procedimiento por tal falta.
  3. La sentencia no respalda la actuación de la Sra. Maestre, sino que la considera como claramente irrespetuosa, señalando expresamente la Sala que no comparte los modos y formas por ella empleados. No obstante, no toda actuación reprochable moralmente ha de recibir necesariamente reproche penal.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, puede admitirse que el orden penal ha de reservarse para sancionar exclusivamente aquellas conductas de mayor gravedad. No obstante, no es menos cierto que los poderes públicos están constitucionalmente obligados a garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto, conforme establece el artículo 16.1 de la Constitución Española. Por lo tanto, si el instrumento adecuado para garantizar ese derecho no es el Código Penal, compete a todos los poderes públicos (de los que ahora forma parte también Rita Maestre) arbitrar todas aquellas medidas que fueren necesarias para que la libertad religiosa y de culto de los ciudadanos sea un derecho efectivo y no papel mojado.

La principal reflexión que deriva del presente caso es, por tanto, que el derecho a la libertad religiosa y de culto -atacado por Rita Maestre y el resto de personas que leyeron un manifiesto claramente ofensivo para quienes somos católicos y nos sentimos parte de la Iglesia- debe ser respetado y protegido. No hacerlo así, tolerando actos ofensivos, implica discriminar a quienes somos creyentes y, por tanto, quebrar las bases de la convivencia democrática.

Otra bofetada a Jesús

 

iglesia-ocanaOtra profanación en una Iglesia. Este titular se repite cada vez más en las noticias españolas. Los delincuentes  profanan las Sagradas Formas, roban el copón, las casullas, realizan destrozos en imágenes y santos… Tristemente, la última iglesia que ha sufrido este sacrilegio ha sido el templo parroquial de Ocaña (Toledo).

En nuestro país no es infrecuente atentar contra la Iglesia. Vándalos y malhechores –no se sabe si con conocimiento del alcance de lo que están haciendo–, sin reparo alguno, profanan el Sagrario donde está Dios presente. Es difícil valorar si su finalidad es simplemente el robo o se mueven por odio a la Iglesia. Sólo la auténtica Justicia y la conciencia del delincuente pueden saberlo.

Lo que sí es claro es que los cristianos sentimos un profundo dolor y una gran tristeza ante estos hechos. Es preocupante que en la sociedad actual la falta de consideración a lo Sagrado y, en consecuencia, la falta de respeto hacia Dios, estén cada vez más presentes y vayan en aumento. Se constata claramente que estamos perdiendo el respeto a los valores cristianos, pero también a nuestra propia historia y a nuestras raíces, a la cultura heredada de nuestros antepasados: ni siquiera importa ya el valor artístico, cultural o histórico de las obras de arte que se encuentran en las iglesias, independientemente de la fe o no que se tenga en ellas.

Ha de afirmarse con rotundidad que los actos sacrílegos constituyen una ofensa y un atentado contra todos los creyentes. La libertad de expresión no puede ampararlos; la relativización de la fe no debe llevar a minusvalorar su alcance. Además conviene recordar que el sacrilegio es una ofensa y un atentado contra la libertad religiosa, además de ofender nuestros sentimientos, es quebrantar el orden social.

Como señaló el Papa Francisco hace unos años, con motivo de la profanación de la catedral del Mar de Plata, cada vez que ocurre un hecho así “es como una bofetada a Jesús en la comunidad viviente”.

 

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