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Hacia un año sin Gobierno

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Aunque no demos crédito, vamos camino de un año sin Gobierno o, mejor dicho, con Gobierno en funciones, con todo lo que ello significa: no aprobación de nueva normativa necesaria para el funcionamiento del país, riesgo de prórroga de presupuestos pensados para una situación diferente a la actual, irresponsabilidad política por debilitamiento del control parlamentario, limitación en el ejercicio de las potestades gubernamentales…

Los responsables de esta situación no somos los votantes, que hemos acudido a las urnas hasta en dos ocasiones cumpliendo con nuestro deber de ciudadanos; son precisamente quienes han resultado elegidos para formar gobierno los que se muestran incapaces de hacerlo y, con ello, de representarnos. Y no llegan al acuerdo, sencillamente, porque se limitan a medir las posibilidades de pacto en función de sus intereses personales y de los de su partido.

Analizado desde la perspectiva de alguien que lucha por defender su puesto de trabajo resulta incluso humanamente comprensible. Pero la política jamás puede ser vista como una oportunidad laboral, sino que ha de ser considerada como una vocación de servicio público basada en la capacidad para prestarlo y en la temporalidad en su desempeño. La existencia de políticos que ven su cargo como propiedad es el peor de los males para una democracia, porque no tiene quien sirva a sus ciudadanos pensando en el bien común.

La incapacidad para formar Gobierno sólo tiene una lectura: los llamados a ello no luchan por el interés de todos, sino por el suyo propio. No hablemos, pues, de bloqueo institucional. Nos estamos enfrentando a un bloqueo personal, generado por personas concretas que no se sienten responsables ante nada ni ante nadie y que se consideran a sí mismos la medida de todas las cosas, incluido el destino del país.

Nuestros gobernantes se han de legitimar por el éxito de sus decisiones y la eficacia de sus gestiones; de lo contrario, han de irse y dejar paso a otros. Unas terceras elecciones sólo tendrán sentido si es para elegir a nuevos representantes. Los de ahora, salvo que demuestren lo contrario, no son dignos de ello.

Grupo AREÓPAGO

España, ¿Aconfesional o confesionalmente laico?

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Desde hace un tiempo, venimos escuchando por parte de ciertos políticos el mantra “España es un país laico”, “debemos garantizar la laicidad del Estado”. Si uno acude a la Constitución Española podrá comprobar que en ninguno de sus preceptos aparece tal expresión: más aún, se afirma que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (artículo16.3).

 Quizás basándose en esto, muchos interpreten –lejos de aquella perspectiva que Benedicto XVI denominó “sana laicidad”– que se hace profesión de España como Estado laico, lo cual es erróneo. Si atendemos a la palabra laico, tal como la define el DLE en su segunda acepción, “independiente de cualquier organización o confesión religiosa“, observamos que no es ésta la opción del Constituyente español, pues el citado artículo continúa diciendo que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones“. El Estado español, pues, no es ajeno al papel de la religión en la esfera pública. España es un país aconfesional (de hecho, así lo recoge la página web del mismo Congreso de los Diputados, en la sinopsis al precepto), es decir, “que no pertenece ni está adscrito a ninguna confesión religiosa“, lo que no impide las relaciones de cooperación constitucionales.

Pero, lejos de terminologías, la complejidad del debate es mucho mayor. Nos enfrentamos a una situación donde no se pretende garantizar la libertad de religión, sino imponer una religión nueva, denominada “laicismo”, en la cual el hecho religioso quedaría expulsado del ámbito público (en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos art.18) y las relaciones con la Iglesia Católica (preferentemente) u otras confesiones religiosas quedarían rotas, viéndose gravemente mermado el derecho constitucional a la libertad de religión. La “garantía” de tal laicidad en el fondo persigue constituir a España como un país confesionalmente laico, perdiendo de este modo su aconfesionalidad constitucional.

Grupo Areópago