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Orientaciones del Grupo Polis ante la amenaza de secesión en Cataluña

POLIS, grupo de trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo, desde la Doctrina Social de la Iglesia, desea ofrecer las siguientes orientaciones ante la amenaza de secesión en Cataluña:   1º. ESPAÑA Y CATALUÑA España es una realidad muy valiosa: una nación que se ha formado en muchos siglos de existencia, con aciertos y también errores compartidos de los que deberíamos aprender (1). Cataluña es parte esencial de esa realidad española desde sus orígenes y no se pueden entender la una sin la otra. Se trata de una parte del territorio español con una específica personalidad cultural y social que merece alcanzar la máxima perfección posible, en la búsqueda del bien común(2). España es fruto de la convivencia, trabajos, alegrías y sufrimientos de muchas generaciones. A las actuales nos corresponde administrar ese legado y transmitirlo acrecentado a las venideras, como fruto de la solidaridad intergeneracional (3).   2º. LA CONSTITUCIÓN Y LA AUTONOMÍA La forma política vigente de la nación española es la monarquía parlamentaria, con una Constitución que incorpora todos los elementos de un Estado de Derecho avanzado: democracia, imperio de la ley, sistema de derechos fundamentales garantizados, poder judicial independiente, seguridad jurídica, Estado de bienestar. En respuesta a reivindicaciones históricas de algunas regiones, se ha ido estableciendo un sistema de organización territorial mediante Comunidades Autónomas con un alto nivel de autogobierno, en el marco de la unidad nacional y de la solidaridad interterritorial. Todos estos elementos cumplen perfectamente con los criterios y principios que la Doctrina Social de la Iglesia ha venido estableciendo para calificar como adecuada la legitimidad de una comunidad política (4). La sociedad catalana fue de las primeras en acceder a la autonomía. De hecho, fue reconocida incluso antes de la aprobación de la propia Constitución y acogida por los ciudadanos de Cataluña con enorme entusiasmo. Dicha Comunidad Autónoma, con su altísimo nivel alcanzado de autogobierno, cumple sobradamente con los principios de subsidiariedad y participación en la conformación de las decisiones públicas que propugna la Doctrina Social de la Iglesia(5). Y goza de un marco institucional más que suficiente, que permite la holgura arriba indicada en el desarrollo de una sociedad tan singular: el despliegue de su lengua propia cooficial, su cultura y tradiciones propias, su rico tejido asociativo, su potente iniciativa empresarial, etc… y así, todas las condiciones de su bien común particular. No existe ninguna posibilidad sustancial que le esté vedada a su crecimiento como sociedad. Y puede –como así ha sido históricamente– contribuir con su solidaridad (6) y ejemplaridad a la mejora de la nación española.   3º. LA PRETENSIÓN INDEPENDENTISTA: SU EXTREMA GRAVEDAD E INJUSTICIA Sin embargo, en estos momentos, algunos grupos políticos y asociaciones, que han conseguido un amplio respaldo ciudadano, pero que no representan a todos los ciudadanos catalanes, pretenden la independencia de Cataluña. Ello supondría la ruptura de España y de su realidad. También la de la propia Cataluña, hecha de España, así como la derogación del régimen político descrito y su sustitución por otro, confusamente formulado y que no cumple con los estándares antes citados en tanto que se hace al margen del Estado de Derecho. No puede existir atentado más grave a la convivencia que intentar llevar adelante dicha pretensión de ruptura(7). Nada la justifica, pues la construcción de una comunidad histórica como la descrita en el primer apartado es un bien moral a preservar, enriquecer y trasmitir.  Así lo han venido ratificando sucesivos documentos de los Obispos españoles, con riquísimas reflexiones sobre esta materia (8). Solamente se podría justificar un derecho a la libre determinación de un pueblo antesupuestos de persecución reiterada a la identidad cultural, lingüística, étnica o religiosa, de grave discriminación en el ejercicio de los derechos civiles y políticos o de violación generalizada de los derechos fundamentales de los ciudadanos de un territorio, algo que ha ocurrido en el contexto de los procesos de descolonización (9). No es el caso de Cataluña.   4º. EL DESAFÍO ACTUAL: REFERENDUM, SECESIÓN Y RUPTURA SOCIAL Nos enfrentamos a un gran desafío: la declaración de independencia por las instituciones catalanas actuales. La frustración a que ha ido conduciendo la imposibilidad de encauzar la pretensión secesionista ha puesto en marcha un proceso al margen de toda legalidad. Se han vulnerado la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, con la elaboración de unas pseudoleyes que ampararan un pretendido referéndum de independencia, para legitimar la constitución de una república catalana desligada de la nación y el estado español. La ruptura social que estas actuaciones está generando, con enfrentamientos incluso familiares, es una de las consecuencias más graves y que resultarán más difíciles de afrontar y sanar. Nuestro Arzobispo en su Carta semanal (10) lo deja muy claro: “Me parece un error que la presidencia de la Generalitat de Cataluña haya roto en el Parlamento catalán con la Constitución española y pretenda independizarse. La unidad de España no sólo es mejor que la ruptura, sino que además esa acción del gobierno catalán olvida los sufrimientos de los catalanes y de otros españoles en aquella guerra civil, a los que también contribuyó el intento de separación de entonces. La separación posible de ahora traerá también dolor y sufrimientos.”   5º. DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LA LEGALIDAD Ante estas amenazas, las autoridades españolas están legitimadas para actuar en la defensa del bien moral de la unidad de la nación española y obligadas a hacer respetar el orden legal. El Rey, en una intervención infrecuente –evidente signo de la gravedad de la situación–, ha calificado de “deslealtad inadmisible” dicho proceso. El poder judicial, auxiliado por las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil), ha intentado evitar la celebración de las ilegales votaciones, ante la pasividad de la policía autonómica. La Doctrina Social de la Iglesia, desde siempre, ha avalado el ejercicio de la autoridad en la  aplicación de la ley, así como el deber de obedecer a la misma(11). Y la autoridad legítima para la defensa de ese bien moral de la unidad nacional cuenta con los instrumentos legales que la constitución atribuye al Gobierno, Parlamento y Jueces y que están obligados a emplear, con prudencia(12) y proporcionalidad, para la restitución del orden legal y la exigencia de responsabilidades legales.   6º. LOS CRISTIANOS Y EL DIÁLOGO Ante las causas profundas de la situación, la gravedad del momento actual y la lamentable cosecha de odio, resentimiento y ruptura social, las soluciones a adoptar parecen ir mucho más allá de la ya de por sí dificilísima restitución del orden constitucional alterado. Y es que sólo la siembra paciente del amor a la patria, en la verdad, puede conducir a la justicia (13). Se habla del diálogo como posible solución, pero para ponerlo en práctica en el nivel político, con justicia, sería necesario el previo restablecimiento del orden constitucional y la determinación de las responsabilidades que se hubieran derivado de las actuaciones realizadas. Sólo desde ahí cabría plantearse, y siempre en el marco de la Constitución, las negociaciones políticas oportunas para acometer, en su caso, posibles mejoras del régimen constitucional y estatutario. Se plantea por algunos el que la pretensión independentista podría haberse intentado articular a través de los cauces legales establecidos, mediante la reforma de la Constitución, que permitiera un referéndum en toda España con dicha finalidad. Pero sería muy discutible utilizar el argumento de que la decisión sobre la ruptura es algo que correspondería a todos los españoles. ¿Acaso no sería esta una cuestión que quedaría al margen de la disponibilidad de las generaciones presentes? Hay bienes morales que son indisponibles y de los cuales sólo somos meros administradores (14). Esa apelación al diálogo debería dirigirse mucho más allá de la mera negociación política partidista. Será necesario favorecer la creación de ámbitos de encuentro entre los propios catalanes, con el fin de restañar esas heridas abiertas. A este respecto, la Iglesia puede realizar una aportación muy importante, como señala la Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (15) y posteriormente han secundado muchos obispos, con llamadas a la concordia, la paz social y la esperanza, desde la verdad, la reconciliación y la edificación de la comunión. Adicionalmente, como creyentes, no podemos dejar de lado la eficacia de la caridad, del amor personal como antídoto frente al odio. Todos los cristianos pueden colaborar en el cambio de la situación ejerciendo la caridad con los hermanos con los que están ahora enfrentados, sin dejar espacio al resentimiento o la venganza, que son fuente de división y nos alejan de Dios. La fe, su celebración y vivencia, es un ámbito común para muchos catalanes que se puedan sentir en posiciones diferentes e incluso enfrentadas. A este respecto es muy de alabar la iniciativa de oración compartida puesta en marcha por un grupo de cristianos catalanes comprometidos (16). Esa oraciónal Señor de la historia, Príncipe de la Paz, que ha acompañado el camino de nuestra nación, con sus aciertos y errores, es imprescindible por parte de todos los españoles y catalanes de bien para afrontar este momento tan grave y decisivo para nuestra comunidad; así como la invocación a San Jorge y al Apóstol Santiago y a la Madre, en las advocaciones de Nuestra Señora de Montserrat y la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Toledo, a 12 de octubre de 2017  
  1. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, en Escrito para esta semana, titulado significativamente “Tristeza”, nos recuerda algunos momentos trágicos de nuestra historia, que nunca debiéramos repetir:http://www.architoledo.org/wp-content/uploads/2017/03/Escrito-del-arzobispo-de-Toledo.-15-octubre-2017.docx.pdf
  2. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI, 2004), nº. 164 y siguientes.
  3. Catecismo de la Iglesia Católica (CIC, 1992)), nº. 1880.
  4. Juan Pablo II, CentesimusAnnus (1991), nº. 44 y ss. CDSI, nº 377 y ss.
  5. CDSI, nº. 185 y ss; y nº. 189 y ss.
  6. CDSI, nº. 192 y ss.
  7. CIC, nº. 1899: “La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios: “Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación” (Rm 13, 1-2; cf 1 P 2, 13-17).Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica (cuestiones 23 a 46, del Tratado sobre la caridad): “la sedición se opone a la justicia y al bien común; y por eso es en su género pecado mortal». «El pecado de sedición cae primera y principalmente sobre aquellos que la procuran, los cuales pecan gravísimamente, y después sobre quienes les secundan, perturbando el bien común”.
  8. 8. Instrucción pastoral “Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias” (2002) y especialmente los nº 70 a 76 de las “Orientaciones morales ante la situación actual de España” (2006): “Los nacionalismos y sus exigencias morales”.http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/OrientacionesSituacionActual.htm
  9. Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960.
  10. Vid Nota 1.
  11. CIC, nº. 2238 y ss.
  12. CDSI nº 547 y 548: “Actuar con prudencia”.
  13. Juan Pablo II (1994), ante la amenaza de la Liga Norte en Italia: “Es preciso superar decididamente los peligros de separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada” (En nº. 74 de las Orientaciones morales ante la situación actual de España, de la Conferencia Episcopal Española, 2006).
  14. El filósofo cristiano Julián Marías, escribía en ABC de 19 de junio de 1987 (artículo titulado “Totalitarismo legal”): “un país no es propiedad de los presentes, de los que en un momento del tiempo lo habitan; pertenece a todas las generaciones que lo han constituido, que lo han hecho, que lo han entretejido con sus vidas, durante siglos, acaso milenios; y todavía más a los venideros, a los que nacerán en el futuro, y vendrán a habitarlo, a continuar esa realidad”.
  15. Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, de 27 de septiembre de 2017.
  16. Cristianos por la Convivencia (Alfa y Omega, del jueves 5 de octubre de 2017).

Renovar la política

Curso PolisDurante los pasados 1, 2 y 3 de julio, en la Casa de Ejercicios El Buen Pastor de Toledo, se celebró el II Curso de Verano sobre Doctrina Social de la Iglesia organizado por la Delegación de Apostolado Seglar a través del Grupo Polis, este año con el sugerente título de “Renovar la política”.

El curso fue inaugurado por don Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, quien animó a los participantes a reflexionar sobre el candente tema de la renovación de la vida política a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, porque, según sus propias palabras “la vida de la polis no puede quedar al margen de la luz de Cristo, porque es una dimensión fundamental de la vida humana”.

El primer ponente de estas jornadas fue don Agustín Domingo Moratalla, Catedrático de Filosofía Moral y Política y Director de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Valencia, que habló del concepto del Bien Común, recientemente rescatado para el pensamiento político contemporáneo, gracias en parte al “efecto Francisco”, pero con el riesgo de desvirtuarse respecto al concepto original desarrollado desde la Doctrina Social de la Iglesia. Don Agustín realizó un certero diagnóstico de la situación actual desde un punto de vista cultural, resaltando la crisis de valores en torno a la Verdad, eclipsados por el deslumbramiento de las posibilidades técnicas y la ambición económica; analizó la situación también desde el punto de vista político, resaltando el nuevo populismo amnésico de clave televisiva y frívolamente cultivado, que está utilizando España como un campo de pruebas de la experimentación política; y también diagnosticó la situación social, caracterizada por la polarización, el enfrentamiento y la pérdida de vínculos, debido al deterioro de la educación y la familia, que produce el avance implacable del individualismo.

A partir de su análisis, el profesor Moratalla propuso varios criterios para la acción, destacando la recuperación del humanismo cívico, como recuperador de vínculos, y la necesidad de desarrollarlo hacia el humanismo cristiano, que aporta una perspectiva escatológica y salvífica. Entender el bien común como el bien de todos y cada uno es el camino de la justicia social y la manera de reconducir la economía y el estado a su auténtico papel instrumental y subsidiario.

Por último, don Agustín invitó a todos a profundizar y difundir la Doctrina Social de la Iglesia, que nos aporta claves para poder descubrir, clarificar, discernir y actuar, porque no es un libro de recetas sino un proceso de formación para el cristiano en el mundo. Pidió el compromiso de las autoridades eclesiales en este empeño formativo y el compromiso de los seglares para llevarlo a cabo con entusiasmo.

La segunda ponente, doña Ana Sánchez-Sierra, politóloga, profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad San Pablo CEU, expuso un análisis de los principales programas electorales presentados en las últimas elecciones, apuntando con claros detalles el manifiesto abandono del principio de subsidiariedad en sus propuestas políticas, así como el contagio de actitudes marcadamente populistas. La profesora Sánchez-Sierra también expuso los últimos análisis sociológicos sobre la orientación del voto y las creencias religiosas, observando la presencia de cristianos que se reconocen como tales en prácticamente todas las fuerzas políticas, aunque la concentración de los cristianos es sensiblemente mayor en los partidos de derechas.

Uno de los puntos de mayor expectación del curso fue la mesa redonda de la tarde del sábado, dirigida por don Julio Comendador, que reunió a políticos y cargos electos de la provincia de Toledo de varios partidos para que hablaran de su testimonio y sus motivaciones para estar en política, de su visión de la política como lugar de diálogo para buscar encuentros y también de su experiencia en la relación entre la fe cristiana y las convicciones políticas. Fue un debate animado, con sus momentos de intensidad, que demostró que las diferencias políticas no deben ser un obstáculo para el diálogo personal y sincero.

La noche del sábado la ocupó una interesantísima visita al Archivo y Biblioteca Catedralicios, dirigida por don Ángel Fernández Collado, obispo auxiliar de Toledo, que mostró a los participantes al curso los tesoros bibliográficos que se custodian en la Catedral Primada. Una visita llena de encanto e interés.

El tercer ponente del curso fue don Josep Miró i Ardevol, miembro del Consejo Pontificio de Laicos, que también aportó su dilatada experiencia como político, ahora retirado de esa actividad. Don Josep señaló la búsqueda del bien común y la actitud de servicio como los pilares de toda actividad política para un cristiano, que para alcanzar estos objetivos debe cultivar la virtud. La renovación de la política vendrá de la virtud de los políticos, por lo tanto, nuestra primera prioridad debe ser fomentar la virtud.

La búsqueda del  bien común, para don Josep Miró, exige que los cristianos manifestemos un claro compromiso con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, promovamos un cambio en el orden económico, que tenga en cuenta al otro, un sistema de bienestar responsable, con derechos y deberes, un política integral de la familia, defensa del bien y la justicia, de la creación, la vida, la familia formada desde el amor de un hombre y una mujer, la promoción del diálogo, la búsqueda de la paz, la libertad y la dignidad de todo ser humano.

Sin embargo, con la situación actual de los partidos políticos en España, don Josep juzgó más interesante, en estos momentos, actuar desde fuera de la política, promoviendo un Impulso Cristiano, con acciones concretas y localizadas, que unan a los cristianos y les den la oportunidad de mostrar la propuesta cristiana: impulso evangelizador, primero de los bautizados, impulso cultural, con presencia en internet, impulso familiar, atendiendo a los que el sistema abandona, impulso europeo, recuperando el espíritu de los fundadores… Gobernar desde abajo, con instrumentos de participación que hay que identificar, coordinar y promover.

Otro hecho destacado fue la compañía de nuestros pastores y la gozosa celebración de la Santa Misa, celebrada el viernes por don Braulio Rodríguez, el sábado por don Ángel Fernández y el domingo por don Emilio Palomo, Vicario de la Mancha y Delegado del Área de Apostolado Seglar.

En resumen, este Curso de Verano ha estado lleno de propuestas apasionantes, se han podido compartir preocupaciones y esperanzas, contrastar opiniones e identificar los retos que nos interpelan en estos momentos apasionantes, pero, sobre todo, ha sido ocasión para descubrir el impulso del Espíritu que nos va mostrando el camino de cada día.

Decir la verdad

verdad

“Los cristianos tenemos la obligación de decir la verdad”. Esta frase, realmente contundente, pronunciada hace unos días por Jaime Mayor Oreja en Toledo con motivo de una conferencia organizada en torno a la presencia de los cristianos en la vida pública –y recogida como titular por la prensa–, debería hacernos reflexionar a todos, creyentes y no creyentes.

Es claro que la verdad no está de moda en nuestra sociedad y en nuestras propias vidas. En algunos casos por mala fe y en otros por falsos respetos humanos, en no pocas ocasiones optamos por la mentira o, cuando menos, por ocultar la verdad. Es lo que está ocurriendo en el ámbito de los valores: por miedo a sentirse minoría en el contexto de una comunidad sin referencias, por un mal entendido respeto de la libertad de los demás o, sencillamente, por despreciar su existencia, el debate acerca de determinados valores que nos han caracterizado como sociedad ha desaparecido de la esfera pública.

Se ve con meridiana claridad en el ámbito de la política, pero también se aprecia respecto del Derecho, de la Justicia e, incluso, en todo lo relativo a la naturaleza del ser humano. No están en el lenguaje político conceptos básicos como el de bien común; el legislador no parte de principios preconstituidos a la hora de concretar reglas; las decisiones de gobierno no necesariamente se adoptan con criterios de equidad.

Nada es verdad; en consecuencia, la realidad depende total y absolutamente de la concepción que de ella se hace quien la observa; el resultado final es que no pueden existir coincidencias objetivas en quienes buscan la esencia de todo lo que nos rodea –la naturaleza, la persona, la sociedad–, salvo que la casualidad conduzca a ello o la voluntad lleve al consenso, aunque lo consensuado sea manifiestamente contrario a la razón (y, por supuesto, con independencia de su complemento natural, la fe). De este modo, estamos condenados al nihilismo y, con él, a la autodestrucción como civilización.

Todos tenemos obligación de decir la verdad. Y de buscarla.

 

Grupo AREÓPAGO