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Por monja

Queman iglesias por ser templos católicos (una capilla universitaria de la Autónoma de Madrid); pegan a una mujer en la calle por ser monja (una hermana de la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña en Granada); excluyen de los primeros puestos en las listas electorales a militantes  de partidos políticos por haber antepuesto su conciencia a la disciplina de voto (miembros del PP que votaron en contra de la última reforma de la Ley del aborto); presentan querellas contra Obispos por exponer ante sus fieles el Magisterio (los de Alcalá, Valencia o Córdoba). Todo ello se suma a planteamientos de supresión de la financiación pública de la Iglesia, de eliminación de las manifestaciones públicas de fe, de minusvaloración a quien expresa su opinión basándose en sus convicciones religiosas por considerarlo incompatible con la razón e, incluso, la inteligencia. Sería fácil, en consecuencia, centrar esta reflexión en la idea de que en España ya está pasando –o, mejor dicho, ya está volviendo a pasar–: la persecución religiosa ha dejado de ser únicamente cultural para convertirse también en personal. Sin embargo, el problema de fondo es mucho más amplio. No nos damos cuenta de que todas estas manifestaciones, que son bien vistas por quienes no simpatizan con la Iglesia católica e ignoradas con indiferencia por la gran mayoría de los ciudadanos, son un auténtico ataque a la libertad de todos. Una sociedad que desprecia, critica, persigue, se mofa e, incluso, agrede a personas por creer en Dios y tratar de vivir en coherencia con ello –o, cuando menos, que no reacciona frente a los desprecios, las críticas, las persecuciones, las mofas, las agresiones a personas concretas– es una sociedad condenada, toda ella, a la esclavitud. No hay mayor manifestación de libertad que la libertad interior. Es esto lo que está en juego: la imposición de una concreta visión del ser humano y del mundo que no acepta fisuras, críticas ni argumentos en contra. Quien discrepe, sobra. Hoy pegan a una mujer “por monja” –y muy pocos reaccionan, ni siquiera los defensores de la igualdad de género, quizás por entender que una mujer, al ser monja, pierde su condición de mujer y, por tanto, la agresión por parte de un hombre no puede ser calificada de acto de machismo ni como violencia de género–. Mañana será demasiado tarde para reaccionar si no frenamos estos ataques a la libertad.        

GRUPO AREÓPAGO

Semana Santa

Es un dato indudable que en las últimas décadas se ha producido en nuestro país un profundo cambio sociocultural. Y entre sus rasgos más característicos hay que anotar, sin duda, la posición que ocupa en la vida social el hecho religioso, especialmente referido a lo cristiano católico. Indiferencia puede ser la palabra más adecuada para describirlo, aunque en algunos ambientes más bien lo que se lleva es el desprecio y la minusvaloración. Raro es el día en que los medios de comunicación no propician noticias que alimentan el morbo del “escándalo” y sirven para ridiculizar a la Iglesia. Alguien ha dicho que “la cuestión religiosa en España no derrama sangre, pero sí tinta y agresividad”. Y en este contexto cultural, en plena explosión primaveral, año tras año surge la Semana Santa. En centenares de pueblos, aldeas y ciudades con más o menos historia, riadas de personas desde muy diversas motivaciones asisten y contemplan las innumerables muestras de religiosidad con las que el pueblo aún desea rememorar el núcleo central de sus creencias y de su fe. Es el reflejo de un estilo religioso producto de una inmersión cultural donde se ha mezclado lo intelectual, lo cultural, lo estético y lo religioso. El cristianismo ha modelado de tal manera durante siglos la cultura de nuestro país que muchas veces es difícil deslindar la frontera entre lo religioso, lo cristiano y lo cultural. Y en un contexto de vivencia plural, la Semana Santa se hace pues para unos, devoción serena, silencio respetuoso, fe profunda; y para otros, contemplación estética, tradición cultural, curiosidad turística… Pero también, y en esta explosión de sol primaveral, nuestra sociedad altamente secularizada, ha llevado a riadas de personas en esta semana a disfrutar del turismo cultural o de playa, o del contacto con la naturaleza. Tecnocracia y mercado, que marcan las pautas del progreso actual, nos han introducido en la maraña del consumismo, separándonos consecuentemente del aprecio por lo simbólico. Y en el centro de todo, la gran cuestión; la gran pregunta que hay que hacerse hoy y siempre, creyentes y no creyentes: si la causa del Reino que nos propuso el auténtico protagonista de estas celebraciones, con su vida, su muerte y su presencia resucitada, sigue adelante. Si la sociedad de hoy es más justa, más libre, más pacífica, más fraterna… En una palabra, si estamos creciendo en verdadera humanidad      

GRUPO AREÓPAGO

Política y religión

congreso Es un hecho constatable que, en los últimos tiempos, representantes de lo que se ha dado en llamar la nueva política intentan resucitar postulados laicistas decimonónicos, impropios de democracias avanzadas donde se reconoce la libertad personal y se respetan los derechos humanos. Tiempos que pretendían situar el hecho religioso fuera de la esfera pública. “La religión a la sacristía”, decían. Y también, es un hecho constatable, que cuando se habla de religión y política los fundamentalismos laicistas y también los religiosos hagan imposible el diálogo.“En el laicismo y en el fundamentalismo se pierde la posibilidad de un diálogo fecundo y de una provechosa colaboración entre la razón y la fe religiosa”, decía Benedicto XVI (2009). El rancio furor laicista de la nueva izquierda, al que hace “la ola” alguna parte de la derecha postmoderna, dirige sus dardos sectarios sobre cuestiones que ya han sido superadas en la mayor parte de los países democráticos de nuestro entorno. Laicismo que se ha hecho institucional en algunos territorios autonómicos y que resume todo su hacer político en la denuncia de los acuerdos de la Iglesia con el Estado de 1979. Cuando algún asiduo lector de periódicos lea la noticia de que; “El Congreso y algunos ayuntamientos, como Madrid y Valencia, piden suprimir la exención del IBI que tiene la Iglesia” seguramente pensará que es algo justo, porque hay que eliminar privilegios. Pero si profundiza en la información observará que esa exención del impuesto del IBI responde a la llamada ley del Mecenazgo por la cual están exentas de ese tributo muchos edificios considerados de interés público: edificios propiedad de fundaciones, federaciones deportivas, partidos políticos, agrupaciones sindicales u ONG. Privilegio, pues, ninguno. Y otro tema de gran interés actual en las relaciones entre religión y política gira en torno a la educación. Cuando uno oye que la enseñanza religiosa escolar y los conciertos educativos están impidiendo los acuerdos para el ansiado “pacto por la educación”,tiende a pensar en el sectarismo latente que reviste el anticlericalismo de algunas fuerzas políticas.  

 Grupo AREÓPAGO

Rita Maestre, absuelta

La absolución de Rita Maestre por la Audiencia Provincial de Madrid ha generado reacciones de muy diversa índole en medios políticos, sociales y religiosos.

Conviene aclarar que el delito contra los sentimientos religiosos, según el Código Penal, puede integrar en realidad tres tipo penales diferentes. En los tres casos, no basta con el ánimo de ofender los sentimientos religiosos para que haya delito, sino que debe concurrir además un elemento objetivo determinado: el tipo penal del artículo 523 exige amenaza o violencia para impedir una ceremonia religiosa; el del artículo 525 requiere el escarnio; y el del 524, la ejecución de actos de profanación.

La primera sentencia ya había descartado la concurrencia de los tipos penales recogidos en los artículos 523 y 525 por no existir ninguna ceremonia religiosa que impedir o interrumpir y por tampoco existir escarnio, pero condenó por el artículo 524 a una multa de 4.320 €. Ahora, la sentencia de la Audiencia, dictada en apelación, entiende que tampoco se dio el tipo penal del artículo 524 por no existir propiamente un acto de profanación.

Para el órgano jurisdiccional, un acto de profanación relevante penalmente debe consistir en “actos físicos de claro contenido profanador en la medida en que implican un trato directo vejatorio, físicamente violento, contra algún elemento básico de la liturgia católica o de las representaciones propias de esa religión”. Sin embargo, la sentencia considera que el modo de actuar de Rita Maestre “puede ser valorado como claramente irrespetuoso”, pero sin que concurra el componente de profanación exigible para configurar el tipo delictivo.

De la lectura de la resolución podemos extraer las siguientes conclusiones:

  1. La sentencia, que es firme -salvo recurso de amparo constitucional- y de la cual se puede discrepar, realiza una interpretación concreta de qué deba entenderse por acto de profanación a efectos penales.
  2. La sentencia apunta que la conducta de la Sra. Maestre pudiera haber sido constitutiva de una falta de coacciones del anterior Código Penal (actual delito leve de coacciones del 172.3). Sin embargo, al no existir denuncia ni reclamación civil de ningún perjudicado directo (solo la acción penal del Fiscal, Centro Jurídico Tomás Moro y Alternativa Española), no es posible jurídicamente la continuación del procedimiento por tal falta.
  3. La sentencia no respalda la actuación de la Sra. Maestre, sino que la considera como claramente irrespetuosa, señalando expresamente la Sala que no comparte los modos y formas por ella empleados. No obstante, no toda actuación reprochable moralmente ha de recibir necesariamente reproche penal.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, puede admitirse que el orden penal ha de reservarse para sancionar exclusivamente aquellas conductas de mayor gravedad. No obstante, no es menos cierto que los poderes públicos están constitucionalmente obligados a garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto, conforme establece el artículo 16.1 de la Constitución Española. Por lo tanto, si el instrumento adecuado para garantizar ese derecho no es el Código Penal, compete a todos los poderes públicos (de los que ahora forma parte también Rita Maestre) arbitrar todas aquellas medidas que fueren necesarias para que la libertad religiosa y de culto de los ciudadanos sea un derecho efectivo y no papel mojado.

La principal reflexión que deriva del presente caso es, por tanto, que el derecho a la libertad religiosa y de culto -atacado por Rita Maestre y el resto de personas que leyeron un manifiesto claramente ofensivo para quienes somos católicos y nos sentimos parte de la Iglesia- debe ser respetado y protegido. No hacerlo así, tolerando actos ofensivos, implica discriminar a quienes somos creyentes y, por tanto, quebrar las bases de la convivencia democrática.

Enseñanza Pública frente a Enseñanza Concertada

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El reciente anuncio del gobierno de Castilla-La Mancha sobre la congelación de las partidas para la Enseñanza Concertada plantea un debate político que desplaza el problema de la gestión del sistema educativo al ámbito de la ideología.

Desgraciadamente es característica habitual de toda ideología dar prioridad a las ideas e interpretaciones frente a los hechos: si éstos no encajan con aquellas, entonces se silencian o, simplemente, se falsean.

En primer lugar, la ideología de ciertos grupos de izquierdas plantea una oposición ficticia entre escuela pública y escuela concertada. La realidad es que ambas son entidades que prestan igualmente un servicio público a los padres en su labor educativa. De manera análoga a cómo el servicio público de autobuses es gestionado por una entidad privada, un colegio concertado es un centro de iniciativa social que ofrece un servicio a cualquier ciudadano que desee utilizarlo. En rigor se trata de una enseñanzapública concertada.

Soy profesor de filosofía en un instituto de enseñanza pública, y he sufrido los recortes del anterior gobierno del PP en Castilla-La Mancha: estos se pueden resumir en más trabajo para los docentes y menos atención para los alumnos. En mi centro, comparto pasión por la docencia y por los alumnos con un cuadro de compañeros admirables, en lo personal y en lo profesional. Pero también tengo excelentes amigos entre los docentes de la enseñanza concertada. ¿Por qué tengo que percibirlos como competidores?

Es lógico aceptar, que los que hemos obtenido el trabajo a través de unas oposiciones, podamos gozar de más derechos laborales. Pero esto no nos impide mirar con respeto y aprecio a otros docentes que ejercen su trabajo en condiciones semejantes, cuando no, más exigentes, como ocurre en varios centros educativos de mi ciudad. Más todavía, es ya un tópico entre mis colegas de la enseñanza pública admirar la carga horaria de los profesores de la concertada: nosotros tenemos 21 hora lectivas semanales sin contar horas complementarias (“gentileza” de Cospedal que nos subió dos horas) pero en la concertada imparten al menos 25 horas. Cómo demonios aguanta el cuerpo tantas horas de clase, es un misterio insondable que los profesores de la pública no acertamos a comprender. Y, por cierto, este horario notablemente superior es remunerado de forma desproporcionada: su sueldo es significativamente inferior a pesar de las mentiras que puedan haberse inventado los obnubilados de las ideologías.

Pero con mi reconocimiento hacia mis colegas de la concertada, no pretendo insinuar que la Administración deba priorizar a esta enseñanza sobre la pública. Todo lo contrario. Creo que es un bien que todos debemos desear, que la Administración ponga su prioridad en la enseñanza pública para mejorarla. Pero ¡esto no requiere aumentar el estrangulamiento de la concertada, válgame el cielo! Esta es la segunda falacia de la ceguera ideológica.

En esta segunda falacia, la ideología plantea como una confrontación los gastos que se invierten en la enseñanza concertada, respecto de los gastos que se dedican a la pública. Como si los primeros fueran sustraídos de los segundos (!). Semejante aserto es el colmo de la estupidez.

El gasto medio por alumno y año de un centro de secundaria concertado de Castilla la Mancha es de 3.420,28 €, mientras que en la pública es 6.053,75, casi el doble. Esto significa que el ahorro es del  43,50%  que resulta semejante a la media nacional (datos obtenidos por Félix Burgos de “Estadísticas de la Educación. Enseñanzas no universitarias. Alumnado matriculado de los cursos 2008/2009 y 2009/2010”).

 La cuestión es, pues, de meridiana claridad. El hecho de que la enseñanza concertada escolarice al 14,24% de los alumnos de Castilla la Mancha –por cierto, es el menor porcentaje de España si excluimos el caso de Melilla- permite al gobierno regional invertir más dinero en la pública. De otro modo no tendría recursos para escolarizar a todos los alumnos… Pero por lo que parece, el gobierno de Castilla la Mancha desea ir estrangulando la enseñanza concertada, a ver si logra quebrar todo el sistema educativo. Muy inteligente.

Como los datos económicos son incontestables, la ideología inventa un tercer mito: la enseñanza concertada es elitista y rechaza a alumnos con dificultades especiales o de ambientes marginales. Pero la realidad, una vez más, es muy otra. Son rarísimas excepciones los colegios que incluyen una cuota exigente (la mayoría tienen una cuota modesta) que, por lo demás, no es obligatoria por ley (no hablo aquí de los colegios privados que no tienen concierto). Además, la escolarización no la deciden los centros sino la Administración. Ésta distribuye la matricula según la solicitud de los padres y de acuerdo a unos baremos, en los que se incluye de modo significativo la renta económica. Todos los centros, públicos o concertados, tienen la obligación de aceptar los alumnos enviados por la Administración.

Pero es triste e indignante oír estas falsedades. Pues la labor que llevan a cabo estos centros con alumnos de necesidades educativas especiales es admirable. Por ejemplo, el colegio Virgen del Carmen recibió un premio de la Consejería de Educación del gobierno socialista en 2007 “por su trabajo e implicación en la escolarización con el alumnado con necesidades educativas especiales, que les ha valido el reconocimiento de las familias y de toda la comunidad educativa desde hace muchos años”. En todos ellos se lleva a cabo una labor semejante con alumnos inmigrantes y con alumnos procedentes de familias con escasos recursos económicos.

Sin embargo, esta labor social no se quiere reconocer e incluso se intenta ocultar. Los prejuicios ideológicos fundamentan la última y más grave de las falacias: que la primera responsabilidad de la educación de los menores recae en el Estado. Pero la esencia de una democracia digna de este nombre, reposa en el criterio exactamente contrario: es el Estado quien debe colaborar con los padres en la educación de sus hijos, facilitándoles los medios necesarios. Felizmente este principio es recogido explícitamente por nuestra constitución en su artículo 27.3.

El mayor peligro de una ideología ajena a la realidad es que tiende por definición al totalitarismo. Lo que les molesta no es que la enseñanza pública tenga deficiencias, sino que muchos padres deseen educar a sus hijos con un modelo que ellos no comprenden o incluso odian. Y por eso intentan legitimar la imposición totalitaria de su propio modelo educativo.

Que un colectivo de personas tenga una percepción caricaturizada –hasta lo monstruoso– del hecho religioso, no legitima su interpretación de la FUNCIÓN REAL que desempeñan los centros concertados en nuestra región. Por lo demás, resulta irrisorio que con estas ocurrencias estrafalarias –que recuerdan a los patinazos del ayuntamiento de Madrid– los políticos de Podemos le estén haciendo la campaña al PP.

Mientras la ideología sea criterio de la gestión educativa, no será posible el tan necesario pacto educativo.

Por Fernando López Luengos  

Doctor en Filosofía y profesor de secundaria en la enseñanza pública

Miembro de Areópago

Artículo publicado en Forum Libertas.

http://www.forumlibertas.com/ensenanza-publica-frente-a-ensenanza-concertada/