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Sánchez, Casado ¡Necesitamos Pactos de Estado!

AGENCIA EFE AGENCIA EFE La elección del nuevo líder del PP ha estado acompañada de una cascada de reacciones desde todos los ámbitos de la sociedad, especialmente desde los medios de comunicación de la izquierda. Aunque aún no ha tomado decisiones, ni en un sentido ni en otro, algunos intentan quitar legitimidad a Pablo Casado, otros lo critican duramente por su giro a la derecha o por ver amenazado el espacio político ganado en los últimos tiempos. Pocos ven este cambio como una oportunidad para, dejando de lado las diferencias políticas, alcanzar acuerdos sobre temas importantes. Existen tres particularmente urgentes. En primer lugar, resulta imprescindible un Pacto por la familia, la vida y la dignidad de las personas, con el objetivo de reconstruir nuestra sociedad actualmente herida. Contemplar medidas para favorecer la maternidad y lograr una integración real de la mujer en la vida social, sin tener que optar entre ser madre o realizarse profesionalmente; apoyar a las mujeres embarazadas en circunstancias difíciles para que libremente puedan optar por seguir con su maternidad; ayudar y atender a las personas que viven el miedo ante la enfermad incurable, a la soledad o al abandono de los suyos; ampliar y mejorar los cuidados paliativos y concienciar a la sociedad de la necesidad de atender dignamente a todas las personas,  no son medidas ideológicas, sino decisiones que pueden contribuir a regenerar la sociedad, a fomentar la solidaridad, a erradicar la violencia y, en definitiva, a hacer sostenible el Estado de Bienestar. En segundo lugar, es crucial un Pacto por la Educación. La educación de nuestros hijos ha de quedar fuera del debate ideológico de carácter político y, contando con los padres y madres, escuchando sus demandas, respetando su derecho a educar conforme a las propias convicciones, ha de fomentarse una escuela que forme personas maduras y libres. Configurada como servicio público, prestado por el Estado y por entidades de iniciativa social, ha de estar siempre orientada al bien común y al crecimiento de la persona. Finalmente, en tercer lugar, un Pacto por la integración. La inmigración, si bien en el corto plazo puede entenderse como un problema, bien afrontada constituye una oportunidad de enriquecimiento mutuo social y culturalmente. La división entre ciudadanos, provocada por el auge de los nacionalismos egoístas, debe ser superada mediante el fomento de lo que nos une y no desde la profundización en lo que nos diferencia. La polarización ideológica, consecuencia de la reaparición de fantasmas del pasado, ha de ser superada para construir una sociedad plural, abierta, respetuosa y en paz. Ciertamente, en un contexto político y social como el actual, alcanzar estos Pactos de Estado exige altura de miras, pensar en el conjunto de ciudadanos y no en los propios votantes, valentía para abordarlos desde la certeza de la contribución al bien común. Sin embargo, promoverlos no es sólo responsabilidad de nuestros dirigentes políticos. Es igualmente misión de todos nosotros.

GRUPO AREÓPAGO

Sánchez, Casado ¡Necesitamos Pactos de Estado!

AGENCIA EFE AGENCIA EFE La elección del nuevo líder del PP ha estado acompañada de una cascada de reacciones desde todos los ámbitos de la sociedad, especialmente desde los medios de comunicación de la izquierda. Aunque aún no ha tomado decisiones, ni en un sentido ni en otro, algunos intentan quitar legitimidad a Pablo Casado, otros lo critican duramente por su giro a la derecha o por ver amenazado el espacio político ganado en los últimos tiempos. Pocos ven este cambio como una oportunidad para, dejando de lado las diferencias políticas, alcanzar acuerdos sobre temas importantes. Existen tres particularmente urgentes. En primer lugar, resulta imprescindible un Pacto por la familia, la vida y la dignidad de las personas, con el objetivo de reconstruir nuestra sociedad actualmente herida. Contemplar medidas para favorecer la maternidad y lograr una integración real de la mujer en la vida social, sin tener que optar entre ser madre o realizarse profesionalmente; apoyar a las mujeres embarazadas en circunstancias difíciles para que libremente puedan optar por seguir con su maternidad; ayudar y atender a las personas que viven el miedo ante la enfermad incurable, a la soledad o al abandono de los suyos; ampliar y mejorar los cuidados paliativos y concienciar a la sociedad de la necesidad de atender dignamente a todas las personas,  no son medidas ideológicas, sino decisiones que pueden contribuir a regenerar la sociedad, a fomentar la solidaridad, a erradicar la violencia y, en definitiva, a hacer sostenible el Estado de Bienestar. En segundo lugar, es crucial un Pacto por la Educación. La educación de nuestros hijos ha de quedar fuera del debate ideológico de carácter político y, contando con los padres y madres, escuchando sus demandas, respetando su derecho a educar conforme a las propias convicciones, ha de fomentarse una escuela que forme personas maduras y libres. Configurada como servicio público, prestado por el Estado y por entidades de iniciativa social, ha de estar siempre orientada al bien común y al crecimiento de la persona. Finalmente, en tercer lugar, un Pacto por la integración. La inmigración, si bien en el corto plazo puede entenderse como un problema, bien afrontada constituye una oportunidad de enriquecimiento mutuo social y culturalmente. La división entre ciudadanos, provocada por el auge de los nacionalismos egoístas, debe ser superada mediante el fomento de lo que nos une y no desde la profundización en lo que nos diferencia. La polarización ideológica, consecuencia de la reaparición de fantasmas del pasado, ha de ser superada para construir una sociedad plural, abierta, respetuosa y en paz. Ciertamente, en un contexto político y social como el actual, alcanzar estos Pactos de Estado exige altura de miras, pensar en el conjunto de ciudadanos y no en los propios votantes, valentía para abordarlos desde la certeza de la contribución al bien común. Sin embargo, promoverlos no es sólo responsabilidad de nuestros dirigentes políticos. Es igualmente misión de todos nosotros.

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Última hora: La Iglesia renuncia a la enseñanza concertada

“Toledo, 10/09/2018 (Agencias).- El curso escolar en Castilla-La Mancha se estrena hoy con el sorprendente comunicado conjunto hecho ayer por los obispos de la Provincia Eclesiástica de Toledo (que comprende las cinco diócesis castellano-manchegas) y Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha (FERE-CECA y EyG) anunciando la renuncia de todos los centros educativos católicos a sus respectivos conciertos educativos para el curso 2019/2020”. El comunicado conjunto hace hincapié en el “ninguneo hacia los padres y alumnos con creencias católicas”, así como “la flagrante y continua vulneración de derechos” que, según los obispos y los representantes de los centros, “ha llegado a lo inadmisible”. Por otra parte, el texto pone de manifiesto que “en las actuales condiciones no resulta posible en la educación concertada el desarrollo de la labor propia de la Iglesia Católica, que no es otra que la de anunciar a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida”. Preguntados los obispos por la posibilidad de que pudieran resultar embargados los centros educativos, e incluso otras propiedades de la Iglesia, para cubrir las eventuales responsabilidades económicas derivadas de los despidos del profesorado, el portavoz episcopal ha señalado que “se ha creado un cuerpo jurídico que estudiará las posibilidades legales para exigir que las responsabilidades sean asumidas por el Estado” si bien “tampoco sería un problema que, como resultado de esta decisión, tuviéramos en Castilla- La Mancha ‘una Iglesia pobre para los pobres’, como viene demandando el papa Francisco”. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha declinado hacer declaraciones, limitándose a publicar un tuit afirmando que cree en la enseñanza pública, pero no a costa de la concertada. Sin embargo, fuentes cercanas al consejero de Educación, Cultura y Deportes sí han mostrado una gran preocupación respecto a los problemas que este hecho pudiera representar para el desarrollo del proceso de admisión del alumnado que comenzará en febrero de 2019, ya que podría suponer tener que gestionar en torno a 54.000 solicitudes de admisión más (según una primera aproximación), lo que podría representar un incremento de solicitudes cercano al 55% en toda Castilla-La Mancha. El problema podría ser aún mayor en las grandes ciudades, con una mayor concentración de centros católicos hasta ahora concertados. En concreto en Toledo,  se estima que el sistema público podría directamente colapsar. El ofrecimiento de negociaciones por parte del consejero de Educación, Cultura y Deportes ha sido aceptado por los obispos, condicionado a que se blinde el respeto a los derechos de padres y alumnos a elegir una educación conforme a sus convicciones y el respeto a la libertad de la Iglesia para enseñar de acuerdo a dichas convicciones. Desde el Gobierno de España no se han hecho declaraciones oficiales. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Educación consultadas ayer por este periódico expresaron su temor hacia un posible contagio de esta iniciativa a otras diócesis y Comunidades Autónomas. La vicepresidenta del Gobierno, por su parte, ha criticado duramente en una entrevista la frase del comunicado episcopal “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hech. 5,29)”, considerándola machista y gravemente insultante, ya que, a su juicio, en España no solo mandan hombres sino también mujeres y personas de los restantes géneros, lo que, según ella, refuerza la conveniencia de impulsar su reciente propuesta de imponer en los centros católicos la utilización de una versión oficial de la Biblia traducida al lenguaje inclusivo y en clave de género. Las espadas están en alto.» Evidentemente, esta noticia no se ha producido; es pura invención. Ninguno de los hechos relatados en este artículo han sucedido ni tampoco sucederán. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

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Una nueva dictadura

politicos Hace no mucho tiempo, en la historia de nuestro país, sucedieron unos hechos un tanto insólitos que auguraban la instauración de un régimen cuya ideología iba a imponerse en la mente de sus ciudadanos. Aprovechando la debilidad de un gobierno democráticamente elegido por la nación, éste fue depuesto instaurándose un nuevo líder que sin el apoyo de las urnas iba a instaurar sus ideas en poco tiempo. Una nueva bandera iba a enarbolarse en los ayuntamientos, signo del nuevo cambio, bandera no votada por sus ciudadanos sino impuesta por la nueva ideología que venía a gobernar. Necesario era el apoyo de la comunidad internacional y nuevos gestos, bajo capa de humanidad, se iban a realizar para demostrar la cara amable del nuevo gobernador. Para imponer tal proyecto ideológico era necesario controlar dos grandes poderes: la comunicación y la educación. Para el primero urgiría hacerse cuanto antes con su dominio, poniendo al frente a alguien favorable al cambio instaurado, encargado de difundir las ideas del nuevo gobierno. Para el segundo, nada mejor que obligar a sus ciudadanos más débiles, los niños, a beber de las fuentes del nuevo “espíritu nacional” violando el derecho inalienable de los padres a la educación e instaurando brigadas para controlar la difusión de la nueva ideología. Para garantizar tal estabilidad urgía la “reforma mental” del poder judicial donde la naturaleza dejaba de ser el referente y fuente de los derechos, para ser sometida al dominio despiadado de la ley positiva emanada de tal cabeza rectora. Así surgiría una nueva nación, la cual exigía celebrar un día propio, el día de la nueva “raza hispánica”, con todo olor de multitudes, que sería signo claro y modelo a seguir de lo que pretendía instaurarse en el nuevo orden. Para consumar la imposición de tal proyecto urgía la necesidad de des-terrar (=quitar tierra) a todos aquellos que pudieran representar valores contrarios a los recién impuestos. He aquí un nuevo orden, he aquí un hecho reciente de nuestra historia, he aquí que los extremos se tocan, he aquí el nuevo caudillaje en España, una nueva dictadura.    

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Necesitamos hombres y mujeres de Estado

En los últimos días hemos vivido en España una situación que inesperadamente ha dado la vuelta al panorama político, hasta tal punto que en pocas horas hemos estrenado gobierno. A poco que uno se detenga a analizar los hitos principales de las últimas semanas, el asombro y la indignación se asoman. No hay atisbo alguno, en ninguno de los representantes políticos, de búsqueda del bien común. Los que una semana antes aprobaban unos presupuestos que configuran, definen y encaminan la vida del país para todo un año, días después retiran la confianza a quienes la demandaron con este fin. Quien quizás tenía que haber pensado en una dimisión a tiempo, que pusiera en marcha el mecanismo de unas elecciones donde el voto de los ciudadanos sea quien decida el futuro de la nación, tampoco activa este mecanismo. Hay otros que no han tenido problema en pactar con aquellos que renuncian a la unidad de España, que promueven el independentismo radical y que incluso, se permiten denostar nuestro estado de derecho, aludiendo a él como el “régimen del 78”. ¿Pretendemos echar balones fuera y culpar sólo a la clase política de semejante desaguisado? La respuesta es un rotundo no. Si bien es cierto que España necesita verdaderos hombres y mujeres de Estado, que trabajen y promuevan el bien común no lo es menos que en cada una de las elecciones, los ciudadanos tenemos en nuestra mano, elegir si queremos seguir perpetuando a unos políticos que miran mucho más a las encuestas, que al presente real y al futuro de un país que sin duda merece que todos arrimemos el hombro y demos lo mejor de nosotros mismos. Winston Churchill decía: “El político se convierte en estadista, cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Necesitamos con urgencia estadistas, hombres y mujeres de bien y de algo más: responsables y decididos a trazar un futuro de convivencia y desarrollo estables y verdaderamente beneficiosos para esta gran nación, España. Seamos también electores responsables y decididos a colaborar con nuestro voto en la buena dirección.

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Don Camilo, Pedro Sánchez y el PNV

En la novela de Giovanni Guareschi, tras perder un partido de fútbol el equipo de don Camilo contra el de Peppone,  el pobre árbitro Binella —al que quieren linchar— confiesa a don Camilo que, a cambio de dos mil quinientas liras que le ofreció el alcalde, aceptó pitar el penalti injusto que decidió el empate y dio la victoria final al Dynamos de Peppone en el último segundo. Muy enfadado, don Camilo se dirige al Cristo diciéndole: — ¿No os había dicho que este era un infame vendido? ¿Tengo o no tengo razón para estar enojado? Y el Cristo le contesta: — No, don Camilo. La culpa es tuya que por el mismo servicio has ofrecido a Binella dos mil liras. Viene al caso esta cita al hilo de las críticas desatadas contra el PNV por aceptar votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez después de haber pactado los presupuestos con Rajoy. No solo en el ámbito político, sino también por parte de articulistas y analistas de los medios de comunicación, incluso en los corrillos populares, se echa en cara al PNV aceptar ahora una mejor oferta de Pedro Sánchez: no solo mantener los trescientos millones para el País Vasco contenidos en los Presupuestos de Rajoy, sino —probablemente— otras cesiones que harán más apetecible el apoyo a un gobierno del señor Sánchez que a uno del ya amortizado Rajoy. Pero habrá que preguntarse, en conciencia, de quién es verdaderamente la culpa de que el PNV acepte vender su voto favorable a cambio de cesiones económicas y políticas. ¿No tendremos que hacer todos un poco de autocrítica? ¿No ha sido la táctica cortoplacista habitual de todos los gobiernos de la nación, desde Felipe Gonzalez hasta Rajoy,  asegurarse el poder comprando votos en el mercado de las cesiones a los partidos independentistas? ¿De quién es la culpa entonces? ¿Del último, porque ofreció o aceptó más? Quizá habría que recurrir al dicho popular: Tú lo quisiste, fraile mostén; tú lo quisiste, tú te lo ten.

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Tristeza por Cataluña

El día uno de octubre ha dejado un poso de tristeza y amargura en muchos españoles. Tristeza por los heridos, muchos de ellos servidores públicos en cumplimiento de su deber. Tristeza por la impotencia ante el camino sin retorno al que tantos líderes políticos catalanes han abocado a la ciudadanía. Tristeza por los niños manipulados, utilizados o puestos en riesgo sin ningún escrúpulo. Tristeza, en definitiva, por el sufrimiento de una parte de España que nos duele como tal. La primera reflexión tras esta jornada nos lleva a constatar los desastrosos efectos que la utilización de la mentira en política tiene para el bien común. Aunque en un determinado momento pueda parecer a políticos cortoplacistas que el fin justifica los medios y que la mentira es un atajo hacia la libertad, lo cierto es que la libertad solo puede fundarse en la verdad. La mentira solo produce al final, frustración, crispación y división. ¿Votar es democracia? Mentira. Como besar no es amar ni soplar es tocar la flauta. Y en el caso del voto depende de quién vote, qué se vote y cómo se vote. Sin embargo, se embarca a miles de ciudadanos en un viaje sin retorno hacia la pretendida consecución de una república quimérica en el cual todo es mentira: desde la pretendida justificación histórica hasta las consecuencias reales de esa independencia. Una segunda reflexión es que en Cataluña no hay presencia alguna del Estado español. Policías y guardias civiles son enviados casi como extranjeros a Cataluña, sin siquiera un lugar digno en que alojarse y como enemigos de todos, abandonados incluso por sus propios “compañeros” de la policía catalana. Todos los medios materiales que utilizan los jueces (desde los edificios hasta el sistema informático judicial, pasando por los bolígrafos) son propiedad de la Generalidad. El Gobierno no puede controlar ni el número real de heridos el 1-O, porque carece de cualquier acceso a la sanidad catalana. España —en todos los sentidos— está totalmente ausente de la enseñanza escolar en Cataluña. Como señalaba un comentarista político, los principales partidos nacionales hacen política pensando siempre en las siguientes elecciones, mientras que los partidos nacionalistas en Cataluña lo hacen pensando en las siguientes generaciones. ¿Todo está perdido? Esperemos que no. Pero las soluciones pasan por un correcto diagnóstico de la realidad. Después habrá que dialogar, por supuesto, siempre desde el respeto al Estado de Derecho, guiándonos por la verdad y pensando más en el bien de las próximas generaciones que en las próximas elecciones. < p style="text-align: right;">

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Hacia una desamortización 3.0

catedraldezaragoza Como todos sabemos, durante el siglo XIX se produjeron en España diferentes procesos desamortizadores con el fin de poner en el mercado bienes pertenecientes a la Iglesia católica y a órdenes religiosas por considerar que no eran suficientemente explotados. Consistieron en la apropiación de los mismos por parte del Estado, con venta en subasta, para dedicar el beneficio obtenido a amortizar deuda pública. En pleno siglo XXI, nos encontramos a las puertas de una nueva desamortización, distinta en su forma pero igual en la sustancia. El Ayuntamiento de Zaragoza (gobernado por Podemos-Izquierda Unida) ha iniciado un proceso para la reclamación de la propiedad de la Catedral Zaragozana y de varias Iglesias locales. Dentro de la estrategia, ha enviado incluso una carta al Papa Francisco en la que, apelando a “un debate tranquilo y respetuoso” y con “espíritu de entendimiento”, por considerar que los señalados templos son “joyas del patrimonio de la ciudad”, se señala que no deberían ser de propiedad de la Iglesia. Intentos similares se están llevando a cabo en otros puntos de España, como es el caso de la iniciativa para expropiar la Catedral de Córdoba. El objetivo es claro: todo para el pueblo –o, lo que es lo mismo, para quienes gobiernan, que son los que deciden sobre el uso de los bienes–y siempre en contra de la Iglesia católica. Seguramente no pocas personas ven con indiferencia estas tentativas; es más, puede que algunas las contemplen con simpatía o, incluso, las apoyen abiertamente. Ninguna de ellas se da cuenta de que lo que está en discusión, en el fondo, no es la propiedad de un templo religioso, sino la libertad. Subvertir el orden constitucional establecido, hacerlo atacando abiertamente derechos de personas y comunidades, no sólo es contrario a Derecho y antidemocrático; es, sencillamente, un ataque a la libertad derivado de una concepción dictatorial del poder público. Esto es lo que está en juego. Y nos afecta a todos.  

GRUPO AREÓPAGO

Ejemplaridad

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Aún se sigue hablando del –pequeño– escándalo provocado por un destacado líder del partido anti-casta (que promete erradicar del ámbito político todos los malos hábitos y abusos) al conocerse que ha defraudado a la Seguridad Social por no formalizar el alta de la persona que prestaba servicios para él. Se une a los –curiosamente, también pequeños– escándalos provocados por otros dirigentes de ese mismo partido, siempre en la línea de incumplir obligaciones laborales. Lo llamativo de este asunto no es sólo que quien debe dar ejemplo ha demostrado incurrir en los mismos males que los miembros de la casta a los que tanto critican, hasta tal punto de hacer de ello su bandera; es, además, que se busque justificar el comportamiento en la complejidad burocrática que supone el cumplimiento de la Ley, una Ley que es la misma para todos, incluidos los miles de ciudadanos en la misma situación que, en cambio, la cumplen. Peor aún es la cadena de apoyos recibidos por el infractor, a quien se le ha llegado a calificar de ejemplo moral.

La obligación incumplida consiste en rellenar un sencillo formulario y remitirlo, debidamente firmado y acompañado de copia del contrato de trabajo, a una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social, algo que puede hacerse incluso por correo postal.

A quienes desempeñan cargos públicos y optan a asumir responsabilidades de gobierno les es exigible un plus de ejemplaridad. No sólo han de parecer honestos sino que, además, han de serlo, en su esfera pública y en su esfera privada. Quien es capaz de defraudar en lo menos es más capaz aún de defraudar en lo más.

La ejemplaridad, entendida como cualidad de quien ha de ser ejemplo, es decir, modelo que otros imiten, brilla por su ausencia en no pocos de nuestros políticos, viejos y nuevos. No piden perdón por sus errores y no asumen las responsabilidades de ellos derivadas. Si, en lugar de ser modelos de probidad y de virtud, fieles a la vocación de servicio público para la consecución del bien común que es la política, son ejemplo de búsqueda de su interés personal y de malos ciudadanos, están incapacitados para el ejercicio de cargos públicos. Sencillamente.

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Hacia un año sin Gobierno

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Aunque no demos crédito, vamos camino de un año sin Gobierno o, mejor dicho, con Gobierno en funciones, con todo lo que ello significa: no aprobación de nueva normativa necesaria para el funcionamiento del país, riesgo de prórroga de presupuestos pensados para una situación diferente a la actual, irresponsabilidad política por debilitamiento del control parlamentario, limitación en el ejercicio de las potestades gubernamentales…

Los responsables de esta situación no somos los votantes, que hemos acudido a las urnas hasta en dos ocasiones cumpliendo con nuestro deber de ciudadanos; son precisamente quienes han resultado elegidos para formar gobierno los que se muestran incapaces de hacerlo y, con ello, de representarnos. Y no llegan al acuerdo, sencillamente, porque se limitan a medir las posibilidades de pacto en función de sus intereses personales y de los de su partido.

Analizado desde la perspectiva de alguien que lucha por defender su puesto de trabajo resulta incluso humanamente comprensible. Pero la política jamás puede ser vista como una oportunidad laboral, sino que ha de ser considerada como una vocación de servicio público basada en la capacidad para prestarlo y en la temporalidad en su desempeño. La existencia de políticos que ven su cargo como propiedad es el peor de los males para una democracia, porque no tiene quien sirva a sus ciudadanos pensando en el bien común.

La incapacidad para formar Gobierno sólo tiene una lectura: los llamados a ello no luchan por el interés de todos, sino por el suyo propio. No hablemos, pues, de bloqueo institucional. Nos estamos enfrentando a un bloqueo personal, generado por personas concretas que no se sienten responsables ante nada ni ante nadie y que se consideran a sí mismos la medida de todas las cosas, incluido el destino del país.

Nuestros gobernantes se han de legitimar por el éxito de sus decisiones y la eficacia de sus gestiones; de lo contrario, han de irse y dejar paso a otros. Unas terceras elecciones sólo tendrán sentido si es para elegir a nuevos representantes. Los de ahora, salvo que demuestren lo contrario, no son dignos de ello.

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